A partir de 2025, entrará en vigor la ley del desperdicio alimentario. De obligado cumplimiento para todas las empresas alimentarias (bares, restaurantes, comercios de alimentación…).
Esta ley en principio exige contar con un plan para el tratamiento de los desperdicios alimentarios, conforme a una serie de requisitos que determina la norma.
Las empresas de la cadena alimentaria deberán contar con un plan de prevención que permita identificar dónde se producen las pérdidas e implementar medidas para minimizarlas
Un aspecto esencial de la ley cuando se produzca el desperdicio alimentario es la jerarquía de prioridades. La prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos y, cuando no sea posible, se buscarán otros usos como, por ejemplo, mermeladas, piensos o compost.
Existen ya cursos formativos, para formar a trabajadores y empresarios sobre esta norma de obligado cumplimiento.